Atentar contra la respetabilidad del Consejo Moral Republicano (CMR), lesionar la ética pública y actuar con inexcusable ignorancia de la Constitución son algunos de los motivos presentados por el diputado del Bloque de la Patria, Pedro Carreño, ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para solicitar antejuicio de mérito contra la Fiscal General, Luisa Ortega Díaz.

Durante la audiencia que realiza el TSJ para evaluar ese procedimiento, Carreño señaló en su exposición de motivos que Ortega Díaz deslegitimó al Poder Ciudadano al declarar en días recientes que no avaló el proceso de preselección de magistrados al TSJ, cuando, subrayó, sí lo hizo.

«Estas afirmaciones fueron negadas por el presidente del Consejo Moral Republicano y defensor del Pueblo, Tarek William Saab, quien ofreció las pruebas de la participación de la Fiscal en este proceso, todo lo cual representa un intento de la ciudadana en desprestigiar al Consejo Moral Republicano», dijo Carreño durante la exposición de motivos.

Por este hecho, el parlamentario señaló que la Fiscal también comprometió la ética de la ciudadanía, pues en el supuesto caso de no haber participado en el proceso, hizo público este hecho dos años después.

«Ella le negó al país su participación, eso es un hecho grave, pero además atentó contra la moral, la ética del Poder Ciudadano», insistió, al tiempo que pidió solicitar un experto grafólogo para reconocer la firma de la Fiscal en las actas de selección de magistrados.

Además, señaló, basado en argumentos constitucionales y de las leyes de la República, que Ortega incurrió en faltas graves como la lesión a la ética pública o moral administrativa, la actuación con inexcusable ignorancia de la Constitución y el menoscabo de sus principios fundamentales establecidos en la Carta Magna, en lo que concierte a activismo político.

Entre las evidencias de activismo político, refirió que Luisa Ortega Díaz recibió en su despacho a un grupo de fiscales del Ministerio Público, quienes dentro de la instalación gritaron «a viva voz y en coro: este Gobierno va a caer».

«En su presencia se comenten delitos, además del irrespeto a los símbolos patrios», añadió.

También indicó que, de acuerdo a la Constitución y las leyes, la Fiscal no tiene facultad para desconocer las sentencias del TSJ, lo que supondría otro motivo de falta.

Mencionó su actuación del lunes, cuando acudió a la Asamblea Nacional (AN) a pedir la ratificación del vicefiscal Rafael González Arias, aún cuando el máximo tribunal había declarado nula su designación.

Carreño subrayó que Ortega se apartó de la legalidad y ha actuado ante hechos públicos de violencia. «La acción y también la inacción de la señora para permitir un estado de lenidad que se trasluce en una conducta cómplice de esta ciudadana, cuando ella es la responsable de usar la acción penal», dijo.
Al procedimiento realizado este martes, que se ajusta a lo previsto en los artículos 117 de la Ley Orgánica del Tribunal Supremo de Justicia y 374 del Código Orgánico Procesal Penal, también fue convocado el presidente del Consejo Moral Republicano, Tarek William Saab, y el contralor general, Manuel Galindo.

También participa el defensor público Javier Hernández —representante Ortega Díaz, que no acudió a la audiencia—, quien solicitó el sobreseimiento de la causa.

Defensor pide pruebas grafotécnicas

El defensor del Pueblo, Tarek William Sabb, solicitó que se realicen pruebas grafotécnicas a los documentos que presentó y en los que se encuentra la firma de la fiscal, que prueban cómo avaló la designación de los magistrados del TSJ en 2015.

Durante el antejuicio de mérito, también solicitó que tanto él como el contralor y Ortega Díaz se sometan a la prueba del polígrafo.

«Aquí hay ausencias ruidosas. Aquí hay hoy una ausencia muy ruidosa, muy escandalosa. Vamos a someternos a la prueba de polígrafo, también conocida como detector de mentira o experticia de la verdad, para determinar quién ha venido mintiendo de forma descarada a lo largo de este proceso, colocando en severo riesgo la paz de la República y, de esa forma, provocar, una criminal injerencia extranjera», dijo.

Con esto, rechazó que Ortega Díaz haya negado haber sido parte de la designación de los magistrados en diciembre de 2015, aun cuando aseguró que el acta fue leída y aprobada por unanimidad por los miembros del Poder Ciudadano.

La audiencia, en respeto al legítimo derecho a la defensa, preveía la intervención de Ortega Díaz, quien descartó presentarse. Por tanto, se le designó un defensor público.

El defensor del Pueblo mostró la rúbrica de la fiscal para dar paso a la preselección y selección de los magistrados.

Ante esa situación, refirió que la actuación de Ortega Díaz quedará registrada en la historia judicial del país y puntualizó que esto implica una «falta grave», establecida como tal en la Ley Orgánica del Poder Ciudadano.

Contralor consignó actas

El contralor general de la República, Manuel Galindo, entregó ante la Sala Plena una serie de actas que demuestran las presuntas faltas graves de la fiscal.

Además, pidió iniciar un procedimiento penal contra la ex-secretaria ejecutiva permanente del Consejo Moral Republicano, María José Marcano, por su presunta vinculación en hechos que atentan contra el orden constitucional del país en alianza con Ortega Díaz.

Entre los documentos entregados están las convocatorias hechas a él y a la fiscal para tratar el proceso de preselección de los candidatos a magistrados del TSJ, así como otro donde «consta que sí se celebró la sesión convocada para ese día a las 2:00 de la tarde», con su firma y la del defensor. Precisó que ni Marcano ni Ortega firmaron porque se negaron a autentificar el acta.

«Quedó bajo la responsabilidad de la ciudadana María José Marcano recoger las firmas que faltaban, redactar el acta y transcribirla en el libro respectivo, tal como lo señala el artículo 19 de la Ley Orgánica del Poder Ciudadano», explicó Galindo, y agregó que «es necesario hacer un careo para que la fiscal viéndonos a la cara desmienta que esa reunión se llevó a cabo».

Texto: Con Información de AVN