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19.jul.2017 / 09:14 am / Haga un comentario

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Hace más de 15 años, la Federación de Cámaras y Asociaciones de Comercio y Producción de Venezuela (Fedecámaras) convocó un paro patronal por 24 horas para el 10 de diciembre de 2001, como parte de las maniobras emprendidas por la derecha venezolana para derrocar el gobierno constitucional del comandante Hugo Chávez.

Este cierre patronal —que no contempló ninguna reivindicación social— contó con el apoyo de la cúpula de la Central de Trabajadores de Venezuela (CTV), organización sindical controlada por Acción Democrática (AD) y partidos tradicionales, que llamaron a la participación de empresarios, dueños de comercios y la burguesía agraria.

El 19 de noviembre de 2001, el entonces presidente de Fedecámaras, Pedro Carmona Estanga, informó en rueda de prensa, que por unanimidad, el ente empresarial acordó la convocatoria a un “paro cívico nacional” en protesta por la supuesta aprobación “inconsulta y atropellada” de un conjunto de 49 instrumentos legales promulgados vía Habilitante por el presidente Hugo Chávez, que representaron un impulso en la construcción de un modelo económico con mayor equidad y justicia social.

Aseguró que el cierre tendría como objetivo “plantear al país la más enérgica protesta y solicitar una rectificación al Ejecutivo nacional y a los órganos del poder público, que tiene que materializarse en una revisión profunda del rumbo que pretende dársele al país”.

Aunque el representante de la burguesía insistió en que esta medida no tenía un fin desestabilizador, el paro del 10 de diciembre desembocó en el golpe de Estado perpetrado el 11 de abril de 2002 en contra el gobierno legítimo de Hugo Chávez, quien fue depuesto por horas, usurpado por el propio Carmona Estanga, y devuelto al poder el 13 de abril, gracias a la resistencia heroica del pueblo y el apoyo de las Fuerzas Armadas.

Aunque fue insistente el llamado a diálogo por parte del comandante Chávez, el 21 de noviembre de 2002 el director de la CTV, Carlos Ortega, —en componenda con la Coordinadora Democrática (ahora Mesa de la Unidad Democrática)  y grupos antinacionalistas de Pdvsa— anunció un nuevo cierre patronal para el 02 de diciembre.

En principio la convocatoria contemplaba una duración inicial de 24 horas, pero se extendió hasta convertirse en un paro indefinido y sabotaje a la industria petrolera.

Grupos aupados por la derecha practicaron agavillamiento y amenazaron a quienes intentaban abrir sus negocios, por lo que los centros comerciales y comercios en el este de Caracas cerraron sus puertas.

El cierre patronal de 63 días incluyó el bloqueo de las fuentes de producción de alimentos, medicamentos y artículos esenciales para los venezolanos.

Durante ese lapso se registró el despido de 500.000 trabajadores y pérdidas estimadas por el orden de 5.000 millones de dólares por la paralización del aparato productivo de los sectores no petroleros.

El monto de las pérdidas por ventas no realizadas de crudo se ubicó entre 18.000 y 21.000 millones de dólares, lo que motivó una disminución de un monto cercano a 9.998 millones de dólares en la capacidad contributiva de Pdvsa y sus filiales al fisco nacional.

La falta de suministro afectó a las empresas básicas de Guayana y la producción de crudo se redujo en 70%; mientras que el alto a las actividades en las refinerías de El Palito (Carabobo) y Paraguaná (Falcón) causó estragos en el pueblo, que se vio sometido a un largo período de carencia de combustible para el transporte.

El Producto Interno Bruto (PIB) del país registró una caída de 15,8 % durante el cuarto trimestre de 2002, y de 24,9%, en el primer trimestre de 2003. La pobreza se elevó en 9,6 puntos, al pasar de 39% a 48,6%.

Texto: Con información de AVN

 

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