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16.nov.2017 / 01:32 pm / Haga un comentario

ANC-3

La Asamblea Nacional Constituyente (ANC) en su sesión ordinaria aprobó ayer por unanimidad los primeros seis artículos del proyecto de Ley Constitucional de Precios Acordados, instrumento jurídico dirigido a ajustar los precios de bienes y servicios presentada por el presidente Nicolás Maduro.

La presidenta de la ANC, Delcy Rodríguez, manifestó que la ley es de suma importancia para el país, el cual se encuentra en medio de una guerra económica que pretende la instrumentalización política de la economía para agredir al pueblo venezolano.

El resto del articulado, precisó, será aprobado en la sesión convocada para el próximo jueves, y recordó que la ley, presentada por el presidente Maduro, procura la protección del pueblo venezolano y el desarrollo de las fuerzas económicas tanto públicas como privadas. “Esta es una ley que convoca al entendimiento, al diálogo y a la corresponsabilidad para la determinación de los precios acordados”, destacó.

Por su parte, el presidente de la Comisión de Economía Diversificada y Productiva, Eduardo Piñate, manifestó que el objetivo de la ley es lograr la estabilidad de los precios de los productos y la paz económica, “estamos en un escenario de guerra económica contra el pueblo venezolano”, así como la defensa integral de la nación.

La Ley Constitucional de Precios Acordados, enfatizó, busca estabilizar la economía nacional, sector que ha sido atacado por factores nacionales e internacionales, como parte de la guerra económica y el asedio financiero.

El instrumento legal, indicó también busca establecer la base de una política de precios acordados que se fundamenta en varios principios: la paz, la democracia, la corresponsabilidad, la justicia social, la participación ciudadana, la contraloría social, los derechos humanos y la eficiencia.

Apuntó que se persigue la garantía de los productos priorizados según los precios acordados, por medio de la contraloría social con la participación de todos los sectores.

La ley, señaló garantiza la soberanía alimentaria y el abastecimiento soberano, y contempla los lineamientos y los criterios para establecer los precios acordados de los productos priorizados.

Piñate explicó que también crea la mesa de precios acordados y su correspondiente órgano rector que corresponde a la Vicepresidencia de la República y una Secretaría técnica a cargo del órgano responsable en materia de protección socioeconómica de la población venezolana.

 

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